Un tribunal obliga a Londres a admitir su orden secreta contra Apple: la exigencia de acceso a datos cifrados ya no puede esconderse
El secreto duró hasta hoy: un tribunal de Londres ha dicho que fingir que la orden no existe ya no protege a nadie, porque todo el que seguía el caso ya lo sabía. El Home Office ha tenido que admitir que ordenó a Apple facilitar el acceso a datos cifrados, y la batalla legal se jugará ahora a la vista de todos.
El Gobierno británico ya no puede fingir que su orden contra Apple no existe. El Investigatory Powers Tribunal dictaminó este jueves que el Home Office no demostró que confirmar la orden dañara la seguridad nacional, y con ello la existencia de la exigencia —una notificación de capacidad técnica, o TCN, que puede obligar a una empresa a facilitar el acceso a datos de clientes incluso cifrados— queda reconocida y gran parte del litigio podrá oírse en público, según Reuters.
El tribunal desmontó el argumento central de Londres, su política de ni confirmar ni negar estas órdenes. En su sentencia, recogida por MacRumors y AppleInsider, sostiene que el efecto acumulado de las filtraciones a la prensa y de las conversaciones con funcionarios estadounidenses es que cualquiera que siguiera el caso ya sabía que Apple había recibido la orden, y califica de fantasiosa la idea de que admitirlo ahora amenace la seguridad nacional o dé información nueva a un actor hostil.
La historia viene de lejos. En enero del año pasado, Londres emitió una primera orden para acceder a las copias cifradas en la nube de ciudadanos británicos y estadounidenses; la retiró tras meses de negociación con la Administración de Donald Trump, pero en julio dictó una segunda, centrada ya solo en los usuarios del Reino Unido, y Apple renovó su impugnación ese mismo mes. Por el camino, Apple dejó de ofrecer su Protección Avanzada de Datos a los nuevos usuarios británicos en febrero de 2025.
Tras el fallo, el Home Office terminó admitiendo que emitió la orden, según AppleInsider: defendió que estas potestades tienen salvaguardas estrictas, que el Gobierno nunca accede a los sistemas o datos de una empresa y que las decisiones sobre la seguridad pública deben tomarlas gobiernos elegidos y jueces independientes, no los consejos de las tecnológicas. Liberty, que impugna al Gobierno junto a Privacy International, celebró el fallo como una victoria de la transparencia, en palabras de su directora, Akiko Hart, recogidas por Reuters.
Lo decidido hoy es solo el secreto, no la orden. El tribunal no ha aprobado ni anulado la exigencia de acceso: su legalidad sigue impugnada y el juicio sobre el fondo no se espera hasta el año que viene, según Reuters, mientras Privacy International sitúa en diciembre de 2026 la vista de su impugnación separada. La diferencia es que, desde hoy, esa discusión ya no podrá hacerse a puerta cerrada.
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